Aprobación de la reforma judicial
Reflexiones de un estudiante de derecho
POLÍTICA Y ELECCIONES
J. Armando Hernández de la Cruz


Mi madre, una mujer de 58 años, ha presenciado diferentes sucesos importantes en la vida de nuestro país, los cuales han definido al México en el que vivimos actualmente. Ha conocido a dos Méxicos durante el transcurso de su vida: El México del PRI autoritario, donde el poder se concentraba en un partido único al servicio de una élite política. Y el México de las instituciones, con pesos y contrapesos, fruto del esfuerzo de generaciones que encabezaron una lucha democrática para lograr el México democrático del que hoy disfrutamos.
A mis 23 años el México en el que nací no es el ideal y mucho menos una utopía; es un país de desigualdades, excesos, clasismo y polarización. Sin embargo, es un país de instituciones y garantías que impiden que los vicios del pasado lleguen a nuestro presente. Por otro lado, en nuestro contexto actual estamos al borde de una regresión democrática que nuestros padres evitaron a un alto costo.
El principal tema en la agenda nacional es la reciente aprobación de la reforma judicial promovida por el Presidente de la República, con la que se pretende reformar al Poder Judicial a nivel constitucional, con el fin de establecer una nueva forma de organización y composición del sistema de justicia. Para la fecha que se escribe este texto, la reforma ya se ha aprobado por el Senado y los Congresos Locales en fast track, tras una jornada histórica donde manifestantes contra la reforma dieron el portazo al recinto legislativo, marcada además con la ausencia del Senador por MC Daniel Barreda (ausente por la detención de su padre por la fiscalía de Campeche) y el voto a favor de la reforma por el senador del PAN por Veracruz, Miguel Angel Yunes Marques. Ilustrando una vez lo decepcionante que es la política mexicana.
La reforma aprobada establece diferentes objetivos, entre los que destacan; primero, elegir por voto popular a las ministras y ministros, magistradas y magistrados, y jueces que sustituirán a los actuales mediante un proceso escalonado. Segundo, reorganizar a la Suprema Corte, desde su composición hasta el número de integrantes. Se plantea que solo sesione la Corte en pleno, eliminando las dos salas que la componen, y disminuyendo el número de integrantes de 11 a 9 ministras y ministros, y una reducción en su período de encargo, de 15 a 12 años. Y tercero, sustituir al Consejo de la Judicatura por un Órgano de Administración Judicial, con independencia técnica y de gestión, y responsable de la administración, carrera judicial y vigilancia del Poder Judicial.
El debate en torno al contenido de la reforma ha generado nuevamente un ambiente de polarización en la sociedad, habiendo diversos críticos que señalan sus aspectos problemáticos. En primer lugar, la reforma tal como está planteada no resuelve los problemas originales del sistema de justicia: justicia, reparación del daño, corrupción, procesos transparentes, atención a las víctimas, es decir, la impartición de justicia.
Para nuestro país el problema de la impartición de justicia está compuesto en mayor medida por el papel de las fiscalías en los juicios, al realizar incorrectamente las investigaciones e integrar mal las carpetas de investigación, así como los actos de corrupción, entre otros vicios. La reforma tal como está planteada no aborda la cuestión de la efectividad y transparencia de las fiscalías locales, encargadas de investigar el delito y esclarecer los hechos, mismos que el juez, conforme a derecho, emitirá una sentencia.
Otro punto que debe señalarse es la inestabilidad que provocará la sustitución de los jueces para el próximo año -aunque sea un proceso escalonado en 2025 y 2027- dejando miles de asuntos en proceso, los cuales, por simple lógica, deberán reiniciarse. La reforma va a jugar a la prueba y error con la certidumbre jurídica de la nación, considerando que la reforma fija un plazo de 180 días a los Poderes Locales para adecuar sus Constituciones y leyes al sentido de la materia.
En segundo lugar, la forma de elección de las ministras y ministros, magistradas y magistrados y jueces por el sistema de elección popular se aleja del espíritu “democrático” plasmado en el texto de la reforma, que en la realidad se tiñe de tintes autoritarios. Conforme al contenido de la reforma judicial, los candidatos que aparecerán en la boleta serán designados de forma proporcional por cada Poder, es decir, un tercio de los candidatos los propondrá el Ejecutivo, otro tercio estará a cargo del Legislativo y el tercio restante por el Judicial. Ahora bien, conforme está distribuido el balance de poder, MORENA tiene control de dos poderes, por lo cual, el oficialismo propondrá a dos terceras partes de los candidatos que se presenten a elección, ¿jueces independientes o jueces a modo?, a modo.
Así mismo, adentrará a los jueces al juego de las pasiones de la política, donde no ganará el perfil con mayor preparación, ética, dedicación y deseo de impartir justicia, sino que ganará aquel con mejores promesas y una agenda política que guste al electorado. De ser el caso, el juez ya no decidirá conforme a derecho, sino a la opinión de la mayoría, del poderoso o del arbitrario, ¿fortalece al estado de derecho? No, lo debilita.
Este sistema de elección, si bien, va en sentido de “legitimar” a los jueces solo los sujetará a los vicios que conocemos en las elecciones de legisladores y titulares del ejecutivo, como son los asesinatos de candidatos o el dinero ilícito, por lo que el pueblo no elegirá a sus jueces, sino los impondrán los factores reales de poder, el rico, el poderoso o el criminal. Jugar con la falacia de que el “pueblo es sabio y nunca se equivoca” es parte de la demagogia del Obradorato, porque el ciudadano, ya sea profesionista o de oficio, no tiene la capacidad de elegir a un juez que cumpla con los requisitos del puesto. Otra “verdad democrática” de la reforma(!).
Aún así, es innegable la necesidad de una reforma integral judicial para corregir todos aquellos problemas, vicios y desafíos que aquejan al sistema judicial mexicano. Sin embargo, una reforma tal como está planteada sólo debilitará las instituciones y concentrará el poder de un partido aún más hegemónico.
Como jóvenes, sigamos el ejemplo de generaciones valientes que salieron a las calles, repartieron volantes, escribieron y publicaron, entre otras actividades, para construir el México que conocemos y frenar las pretensiones del PRI en el siglo pasado. Si tu conciencia va en contra de las disposiciones de la reforma, actúa. Ni con tuitazos ni con historias en Instagram se solucionara nuestra realidad.
Al transcurrir los siguientes días confirmaremos si al igual que mi madre los jóvenes mexicanos conoceremos dos países diferentes: el institucional o el del autoritarismo.